Carta a la Consellera

Estimada Consellera Isabel Bonig,


Su pasada intervención en la Asamblea de Les Corts Valencianes me ha generado malestar ante la falta de una respuesta plausible y clara al conflicto generado por la incineradora que pretende construir Reyval y su Conselleria en L´Alcora. Es más, me siento ciertamente indignado por su comparecencia, puesto que no dejó de repetir "valorización energética" para referirse a la instalación de una incineración de productos tóxicos y muy peligrosos a tan sólo 3 kilómetros de un pueblo de 11.000 habitantes; de hablar de la supuesta "legitimidad" que otorga una mayoría ―simple― en las urnas a todas sus acciones y decisiones políticas presentes y futuras (por cierto, eso tiene un nombre en la teoría moral y política: "dictadura de las mayorías"); y de recordar una y otra vez que lo legal está por encima de lo moral: "Si es legal, se hará". 


Ante esto, me gustaría sugerirle y argumentarle varias cuestiones que creo son importantes:

 1. Que un buen número de esos votantes de los que tanto ha alardeado durante su intervención, están indignados con usted, con su Conselleria y con la Generalitat por obviar sus legítimas reclamaciones en contra de la incineradora de Reyval. 

2. Que esas leyes a las cuales remitía constantemente para justificar su actitud en favor de la incineradora de Reyval, las ha propuesto y aprobado el propio poder ejecutivo. O sea, la misma Generalitat que ha concedido el permiso a la mercantil para construir la incineradora a 3 kilómetros de un pueblo habitado.

3. Que existe una gran diferencia entre lo que se considera “vigente” y lo que es “válido”. Si fuera lo mismo, usted no sería Consellera, porque ni tendría derecho a trabajar ni, por supuesto,a  participar de la política. Que las leyes sean vigentes no significa que sean justas, válidas. Por eso cambian, por eso se adaptan a los nuevos tiempos, a los mínimos de justicia compartidos por una sociedad plural como la valenciana. 

4. Y finalmente me gustaría recordarle que hace 80 años también en Nuremberg se aprobaron unas leyes que, como ésta, no tuvieron en cuenta a todos los afectados por ella. Aquellas leyes permitían menospreciar y matar personas por su discapacidad física o psíquica o por su sentir religioso o político. Evidentemente fue y es incuestionable su vigencia, pero no su legitimidad. Porque la legitimidad no la otorga una persona, un colectivo o un Estado, si no el acuerdo intersubjetivo de todos los afectados por esa ley, norma, acción o decisión. En la Comunidad Valenciana también puede ser legal montar una incineradora en L´Alcora, pero no es legítimo, puesto que nunca se ha tenido en cuenta a los afectados, y porque tampoco se ha logrado generar el necesario sentido que permita ese acuerdo que lo legitime. En mi modesta opinión, "si es legal, se hará" es una de las mayores aberraciones que pueden decirse dentro de un discurso político donde, supuestamente, se defiende el interés común mediante las reglas de la argumentación.

Lo que le están pidiendo los ciudadanos y ciudadanas afectados/as, sra. Consellera, es ser reconocidos como interlocutores válidos, con capacidad para poder argumentar e influir dentro de un diálogo igualitario, simétrico y no coercitivo donde la única fuerza posible es la del mejor argumento. Y esto no es apelar a un interés particular o colectivo, sino universal y legítimo en el cual están involucradas cuestiones relacionadas con la autonomía, la justicia, la participación, el respeto activo y recíproco, la responsabilidad, la igualdad y, por supuesto, la dignidad de los/as ciudadanos/as afectados/as. Por ello, su actitud redireccionando todas las quejas, argumentos y razones aportados por ciudadanos/as de gran parte de Castellón a la ley vigente, que no válida, es inmoral, ya que atenta, en primer lugar, a la dignidad de las personas al no reconocer en ellas sus capacidades comunicativas. O lo que es lo mismo, ataca directamente su nivel de autonomía, su libertad; un derecho inalienable y básico para poder desarrollarse como ser humano. Y en segundo lugar, porque pasar por encima del sentir de todo un pueblo escondiéndose tras la ley y los votos recibidos en las urnas, así como no escuchar aquello que los afectados tienen que decir al respecto, es tratar a las personas como simples medios para conseguir un objetivo particular y no como lo que son, un fin en sí mismos. Los seres humanos, señora Consellera, están dotados de valor y no precio, y utilizarlos estratégicamente para la satisfacción de objetivos particulares es de todas todas inmoral. 

Señora Consellera, si en la Comunidad Valenciana existe una ley que permite construir una incineradora de residuos tóxicos y muy peligrosos a tan sólo 3 kilómetros de un núcleo poblacional, sea del tamaño que sea, entonces es que esa ley necesita ser corregida inmediatamente. Porque es una solemne barbaridad, porque favorece que la maximización del beneficio económico de unos pocos esté por encima del bien común, porque está generando altas dosis de malestar, desconfianza, desesperación e indignación entre la sociedad afectada, y porque esa decisión no depende de usted señora Consellera, depende del pueblo, de los ciudadanos y ciudadanas en los cuales reside el poder y el sentido último de la política. Los políticos deben fagocitar las exigencias legítimas de sus ciudadanos y ciudadanas, aquellas cargadas de buenas razones o argumentos, y ejecutarlas convirtiéndolas en ley a través del discurso político. Si no entiende eso, entonces no entiende qué es la política y debería dejar su cargo.